Alonso Cárdenas, docente de la Escuela de Ciencia Política (CIPO) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue entrevistado por TV Perú respecto a los niveles de conflictividad social en el Perú. Explicó que este fenómeno no es nuevo, dado que en el país tiene, por lo menos, quince años presentándose con la misma dinámica: tomas de carreteras, heridos, fallecidos, actos de violencia y la intervención policial para contener. “Hasta ahora no podemos salir de esta incapacidad de alcanzar acuerdos pacíficos que satisfagan necesidades y derechos fundamentales”, expresó.
Para el politólogo, el Perú sigue teniendo un deterioro institucional muy importante que le impide el abordaje integral de la conflictividad social, la cual no es mala per se, ya que los grupos colectivos tienen derecho a exigir reivindicaciones, lo que no se puede tolerar es el resolver las diferencias a través de la violencia.
Si bien las mesas de diálogo son un espacio para intercambiar opiniones y resolver las diferencias a través de instrumentos institucionales pacíficos, el problema es que, en los últimos años, han ido perdiendo legitimidad porque el Estado tiene pocas capacidades de hacer seguimiento de los acuerdos y la evaluación de las acciones. “Se ha perdido credibilidad. Hay un desorden administrativo en el Estado muy grave”, señaló.
El también coordinador de la Maestría en Ciencia Política con mención en instituciones políticas y procesos electorales explicó que la institución que tiene que monitorear cómo está la conflictividad del país es el Viceministerio de Gobernanza Territorial adscrito a la PCM. Sin embargo, en los recientes informes no dieron cuenta de problemas en el sector agroexportador. En ese sentido, es importante mejorar la inteligencia y la capacidad de detección temprana para evitar llegar a la violencia.